Nathalia Guevara Jaramillo¹

El 21 de noviembre de 2019 comenzó una serie de manifestaciones masivas en Colombia. Las jornadas han reunido a diversos sectores sociales que coinciden en exigir el respeto a los acuerdos de paz y que rechazan el asesinato de menores de edad en operaciones militares, los crímenes sistemáticos contra lideresas y líderes sociales, las ejecuciones extrajudiciales, las medidas económicas propuestas por el gobierno actual que afectarían la salud, los salarios y las pensiones, y la deficiente financiación a la educación pública, entre otras razones. El abuso de poder por parte de las autoridades que han reprimido la protesta ha sido denunciado por instancias nacionales como la Defensoría del Pueblo, así como por organismos internacionales como Amnistía Internacional. Esta gran movilización ocurre en un momento de efervescencia de movimientos sociales y de expresiones de descontento en distintas partes de América Latina.

Este contexto social problemático se refleja en el exilio de colombianas y colombianos hacia México. Es preocupante el aumento de colombianos solicitantes de asilo en este país durante 2019; como lo revelan las cifras de la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), entre enero y octubre de 2019 se reportaban 444 casos, frente a 210 en todo 2018, 104 en 2017 y 44 en 2016^2. Esta situación es el reflejo de una de las principales motivaciones para las movilizaciones sociales que están ocurriendo en el país: la falta de seguimiento a los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las FARC hace tres años, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Desafortunadamente, un sector con amplio poder de opinión y decisión en el país, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, continúa exacerbando los discursos de odio y promoviendo la continuación del conflicto armado³. Ocho años de su política de seguridad democrática demostraron que una salida violenta no es la solución para un conflicto de más de medio siglo, que ha dejado millones de muertos, desaparecidos, desplazados y sobrevivientes a distintos tipos de violencias. También es preocupante cómo los actores armados que ocasionan el exilio de colombianas y colombianos han tenido la capacidad de aliarse con grupos criminales en México y, de esa manera, de amenazar la vida y la seguridad de refugiados y solicitantes de asilo que buscan establecerse allí. Esta situación presenta un reto importante para la integración de las y los refugiados colombianos en México.

Luego de las marchas multitudinarias del 21 y 22 de noviembre en Colombia, circularon rumores sobre fuertes alteraciones al orden público en la capital del país. Las autoridades se desplegaron por la ciudad y se declaró un toque de queda. Los rumores también señalaban la presencia de migrantes venezolanos entre los agitadores. De manera paradójica, una sociedad que ha producido millones de refugiados y de desplazados internos todavía es proclive a caer en explicaciones simplistas y estereotipadas que culpan a los extranjeros de los problemas internos. Nos falla la memoria histórica y desconocemos el hecho de que, hasta 2016, Colombia fue el país latinoamericano que más expulsó personas refugiadas, la mayor parte de las cuales se estableció en Venezuela⁴. Incluso, quienes hemos migrado de Colombia por razones no ligadas al conflicto, a menudo conocemos la estigmatización y los estereotipos que en otros países se nos atribuyen por la asociación entre nuestra nacionalidad y los carteles de la droga, las actividades ilegales, la violencia y la prostitución.

Como sociedad, nos sigue quedando pendiente un importante ejercicio de paz, memoria y reconciliación, en el cual el Estado colombiano tiene una gran responsabilidad. Desafortunadamente, la poca voluntad del actual gobierno para trabajar en este sentido ya se refleja en el escalamiento de las acciones violentas en el país, así como en el aumento de las solicitudes de asilo de colombianos en México. Una forma de contribuir a la construcción de la paz en Colombia es exigir la defensa de los acuerdos y de la oportunidad histórica que ellos representan, como lo han hecho miles de personas con su participación en las movilizaciones de los últimos días. Otro aporte concreto y a pequeña escala a este trabajo de paz y memoria que le urge a la sociedad colombiana es el de asumir una mirada crítica sobre los discursos que estigmatizan la migración y que identifican enemigos externos con facilidad. La memoria es necesaria para la reconciliación y la paz; por ello, una forma de no olvidar a los millones de desplazados y exiliados que dejó el conflicto armado es también practicar la empatía hacia los migrantes y refugiados venezolanos que Colombia recibe de manera inédita en su historia.

Notas:

¹ La autora es doctora en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y fue colaboradora de Programa Casa Refugiados entre 2018 y 2019.

² COMAR, Boletín Estadístico de Solicitantes de Refugio en México, https://www.gob.mx/comar/articulos/boletin-estadistico-de-solicitantes-de-refugio-en-mexico-182244?idiom=es; COMAR, La COMAR en números, actualización al mes de octubre de 2019, https://www.gob.mx/comar/articulos/la-comar-en-numeros

³ Ver por ejemplo:  https://www.nytimes.com/es/2016/10/14/alvaro-uribe-el-hombre-que-esta-bloqueando-la-paz-en-colombia/

⁴ IOM, World Migration Report 2018, https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf, p. 78.

IMAGEN: ACNUR/Rubén Salgado Escudero

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